La secuela de la película de Hollywood.

De repente, el celular empezó a sonar, mientras que en lugar de un nombre, en la pantalla aparecía un apodo. El trabajador del Ministerio Público tomó el dispositivo y pasó el dedo sobre el logo verde para autorizar el ingreso a la llamada. “Van allí, van a la etiqueta, ya sabes lo que tienes que hacer”.

No, no es el guión de una película de Hollywood o la popular serie de drogas. Esto sucedió en la vida real en el estado de Morelos. Era el martes 24 de noviembre de 2020 y el oficial que recibió la llamada era Guillermo Mejía Santillán, entonces agente de la Secretaría de Estado de Robo de Vehículos en la Fiscalía Región Oriente.

Y la voz alarmante, silbando sobre un operativo inminente, no era otra que Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, un alto funcionario de la Fiscalía Especializada Anticorrupción creada precisamente para investigar el tipo de delitos cometidos por los servidores. Publicidad.

Pero, ¿cómo fue que se destaparon estas colusiones entre funcionarios y delincuentes? La historia supera cualquier guión.

Imagina que una noche dos personas comprometidas con el robo de vehículos recorren la ciudad buscando camionetas de lujo conducidas por mujeres, que es la mejor combinación para llegar a su destino con mayor facilidad. De repente ven un Dodge Journey conducido por una mujer y un niño. Es la víctima perfecta.

Como sucede varias veces en un solo día, los delincuentes aprovecharon que la señora bajó a hacer las compras en un supermercado y cuando regresó la metieron a ella y al menor a punta de pistola. No le quedó más remedio que entregar las llaves del auto y rogar que solo le permitieran dejar al niño. Los sujetos abordaron tranquilamente el Journey y se perdieron en la oscuridad.

Parecía que muchos otros el crimen quedaría impune, pero el dueño de la camioneta y esposo de la víctima resultó ser Uber Abarca, quien era director de la policía vial de Cuernavaca y, en ese momento, jefe de escoltas de un alto funcionario del gobierno. .

El expolicía destapó en la Fiscalía de Morelos una red de corrupción de funcionarios estatales vinculados a grupos criminales de robo de autos.

Dos meses y medio después, el 28 de octubre, Uber recibió la noticia de que su camioneta había sido recuperada porque ya no figuraba como robada en la base de datos de Plataforma México.

Pero cuando preguntó por el vehículo, un contacto le dijo:

“No van a encontrar tu camioneta, tu camioneta ya está vendida”, y confió que los fiscales han estado trabajando con bandas de robo de autos durante un poco más de cuatro años.

El modus operandi fue que dos abogados particulares, uno de nombre Raúl Mier y el otro de apellido Caranga, se pusieron en contacto con el personal de la Fiscalía de Robo de Vehículos.

“Ya estamos de fiesta, tienes cuatro pases para ti, diez para mí, otros diez para otro”, esa fue la clave que usó Raúl Mier para decirles que ya había un carro robado y que tenían que vender eso

A cambio, los agentes de la fiscalía recibieron sobornos para retirar los vehículos robados de Plataforma México, presentándose así sin denunciar el robo.

La camioneta, sustraída por Uber, el fiscal encargado de dar de baja el vehículo, era Betzayda, un agente adscrito a Yautepec.

La mujer es íntima amiga del fiscal adjunto Zona Oriente, José Alejandro Chávez Carmona, quien, según la investigación de Uber, cobra 80.000 pesos a la semana en sobornos de grupos de robo de autos.

Pero Betzayda no es la única cómplice de Alejandro Chávez. También se habla de que Esli Ali Hernández Reyes y Alberto Flores González les envían otros sobornos de los grupos criminales que operan en la Zona Oriente.

La información recabada confirma que Esli Ali Hernández se ha enriquecido ilegalmente por tener un Auto del Año y que Alberto Flores está construyendo una residencia en Yautepec con los sobornos recibidos en los últimos años.

El día de ayer, 30 de mayo de 2022, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado informando que un agente del Ministerio de Estado de la Fiscalía para la Región Oriental ha sido imputado por la Fiscalía Anticorrupción por presunta desviación de la investigación por robo y obstruyó un vehículo al cancelar el registro de un camión.

“Este viernes 27 de mayo de 2022 la Fiscalía Anticorrupción de la Ciudad de Tribunales de Atlacholoaya presentó pruebas y pruebas sólidas para acusar al funcionario estatal de supuesta actuación dolosa (en complicidad con otros funcionarios) para cancelar ilícitamente la denuncia de hurto, y así establecer la unidad como segura en el Repuve”, decía el boletín.

Según la denuncia relacionada con la causa penal JC/1361/2020, los hechos ocurrieron en el mes de octubre de 2020, cuando Betzaida “N” presuntamente firmó la cancelación del acta de sustracción del vehículo Dodge Journey, 2015, color plata. Propiedad de Laura “N” aunque la camioneta no era propiedad de su legítimo dueño.

En audiencia, el Fiscal Anticorrupción señaló que al firmar la carta de renuncia, desvió y entorpeció la investigación del vehículo sustraído, lo que lo atribuye a la conducta dolosa del autor de los delitos señalados.

A pedido de la Fiscalía Anticorrupción, el juez impuso a Betzaida “N” una firma periódica mensual cautelar y una prohibición de viajar y concedió 144 horas para la audiencia de seguimiento del juicio.

En pocas palabras: el abogado pudo continuar trabajando en la fiscalía durante el proceso penal porque el juez no había ordenado la suspensión de la acusación como medida cautelar. Quizá su mayor desventaja sea llamarse Betzaida, porque aunque la FECC no ha dado sus apellidos, difícilmente puede haber otra funcionaria con ese nombre.

La acusación contra Betzaida podría ser el inicio de una serie de arrestos. En los finales felices de las películas, los villanos van cayendo uno a uno hasta llegar al jefe de todos. ¿Llega también al final de la cadena en este caso, o se cortará con la inminente liberación de un agente de la MP? Lo sabremos en unos días.

HASTA MAÑANA.

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